¿Puede la Corte darle órdenes al juez Gallardo?

Según titula el Centro de Información Judicial, “la Corte suspendió el trámite de una causa ante la justicia porteña“. Se trata de la decisión tomada el día de ayer (1374/11) en la causa ACUMAR s/ urbanización de villas y asentamientos precarios, que dispone suspender el trámite de la causa Boggiano c/GCABA y le ordena al juez local actuante, Roberto Gallardo, que remita esas actuaciones a la Corte Suprema.

El conflicto se viene desarrollando desde principios de marzo, cuando el Juez Federal de Quilmes, Luis Armella -encargado por la Corte Suprema de la ejecución de su sentencia en el caso Mendozaordenó desalojar un conjunto de viviendas sociales, originalmente destinadas para los habitantes de la Cuenca Matanza-Riachuelo. En el medio de acusaciones cruzadas entre el Gobierno de la Ciudad y de la Nación respecto a la responsabilidad del cumplimiento de esa orden, el Juez Gallardo, titular del Juzgado Nro 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dictó una medida cautelar, a pedido de los ocupantes, para que estos recibieran asistencia médica y alimentaria. En ese contexto, la Corte Suprema decide intervenir y motiva la pregunta de nuestro título.

La Corte relata, brevemente, los antecedentes judiciales y justifica la decisión en estos términos:

“Que el contenido de la resolución dictada por el magistrado local podría, prima facie, estar interfiriendo en la
competencia que está poniendo en ejercicio el Juzgado Federal de Quilmes según lo expresado en el primer considerando, por lo que frente a la solicitud efectuada por dicho magistrado federal corresponde la inmediata intervención de esta Corte para evitar las graves consecuencias institucionales que podrían derivarse de pronunciamientos judiciales contradictorios, a cuyo fin corresponde dictar las medidas conducentes a ese alto propósito (Fallos: 322:2207 y sus citas)”

El tribunal no dice si, formalmente, se halla planteada una contienda de competencia. Solamente menciona, sin reproducirla ni especificarla, “la solicitud efectuada por dicho magistrado federal”. La fuente que cita es una sentencia de la Corte del año 1999 (Superior Tribunal de Justicia de Formosa) en la que se había planteado un conflicto entre el ST de Formosa y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal con sede en Formosa. En el caso, la Corte Suprema toma exactamente la misma decisión que en la presente: suspensión del juicio y remisión de la causa. ¿Diferencia? La orden está dirigida al juzgado federal no a los jueces locales.

En ese juicio que, como venimos diciendo, es la única remisión argumentativa de la resolución cortesana, la Corte Suprema fundamentaba su intervención en “la marcada gravedad institucional que resulta de este conflicto entre tribunales de distinta jurisdicción que carecen de superior común” y justificaba su jurisdicción en el  art. 24, inc. 7°, del decreto-ley 1285/58. Esa norma le permite conocer en los conflictos de competencia (positivos y negativos) planteados en juicio, pero no mencionan este “per saltum” interjurisdiccional.

La tinta está todavía fresca y las razones afloran más claras en momentos de reposo. No dudamos de las buenas intenciones cortesana en pos de la celeridad judicial y la oportuna intervención en los sucesos públicos. Pero todo parece indicar que, en ese afán, ha transgredido los límites de su competencia federal y se ha aventurado por los terrenos de la autonomía provincial. O sea, le ha dado órdenes a alguien que no está bajo su mando (arts. 108, 116 y concordantes de la Constitución Nacional). De su sentencia, mientras tanto, sólo surge que el único justificativo son las “graves consecuencias institucionales que podrían derivarse de pronunciamientos judiciales contradictorios”. ¿Alcanzan para intervenir en el ámbito de un poder judicial local?

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Acerca de VTC

Valentín Thury Cornejo. Investigador CONICET/Flacso Argentina.
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4 respuestas a ¿Puede la Corte darle órdenes al juez Gallardo?

  1. Hernán dijo:

    Valentín, creo que en ciertos supuestos el inc. 7° del art. 24. del decreto-ley1285/58 sí admite saltear instancias, bien que a pedido de uno de los juzgados. La norma no se limita a las cuestiones de competencia, también menciona conflictos que se plantean en juicio -ej. clásico que incluso se trató aquí, un juez al que se acude mediante forum shopping interfiere por vía cautelar en la jurisdicción de otro tribunal que conoce de la casua-. Y fija como regla la intervención directa de la Corte, salvo, claro está, que los tribunales tengan un superior común o que se trate de jueces nacionales de primera instancia con asiento en CABA. Acá no hay trámite recursivo y tampoco intervienen, como principio, las instancias de revisión intermedias -Cámaras de apelaciones y Superiores Tribunales-. Otro tema es si la norma supera un test de constitucionalidad, dado que puede implicar una suerte de intervención federal en las justicias locales -dicho esto entre muchas comillas-.

  2. VTC dijo:

    Gracias, Hernán, de acuerdo en todo con lo que decís. La pata complicada, como vos lo mencionás, es la “interjurisdiccionalidad” del salteo de instancias. Yo también le di vueltas a la idea de “intervencion federal” en la justicia local, pero finalmente me pareció que magnificaba un poco el debate. Así que opté por portarme bien.
    Saludos,
    Valentín

  3. jlahitou dijo:

    No parece una cuestion sencilla. Mi reacción refleja no es crítica de la actitud pro-activa de la Corte que quiere resolver rápido un conflicto de competencia entre un juez que quiere ejecutar una sentencia y otro que toma una medida que puede afectar dicha ejecución, donde hay tres interesados directos en juego (la ACUMAR dueña de las viviendas usuarpadas, los destinatarios que la Acumar preveía para ellas, y los que madrugaron ocupándolas). Normativamente, parece que estan dadas las condiciones para el atajo. La segunda reacción es que la Corte esta defendiendo al agente (el juez quilmeño) en el cual depositó su poco-ortodoxa cruzada ambientalista y a una de sus “banderas”. En fin, supongo que esta bien resaltar el interés en respetar las autonomias provinciales, pero me parece que los otros intereses en juego generan el contrapeso necesario para que estemos ante un caso gris.

  4. VTC dijo:

    Coincido, Juan, es un caso con muchos grises. Mi principal preocupación es que cuando hay muchas sombras e intereses cruzados que obligan a soluciones novedosas, la obligación de justificar del Tribunal debería ser mayor. “Mayores poderes traer consigo mayores responsabilidades” decía Spiderman, y creo que el uso de facultades discrecionales por parte de la Corte requiere elementos argumentales que promuevan el control social. Amén de eso, y a pesar de los grises, me inclino a pensar que la Corte no puede darle órdenes directas a Gallardo.

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