OTROSIDIGO en Bastión Digital

Este es un cartel de obra: Todo Sobre la Corte va a tener poco movimiento frontal, tan sólo unos pocos pases laterales. Creamos, no obstante, un vínculo con Bastión Digital, en donde colgamos una columna que titulamos OTROSIDIGO. Ahí voy a escribir un poco de lo mismo pero sobre los temas cortesanos que a mi más me interesan. Se publicarán además conjunta y coordinadamente con todo lo que Bastión tiene en oferta para las neuronas de las damas y los caballeros.

Unidos y Organizados: ganancias de cuarta categoría es el post de esta semana.

Hay tareas que se nos presentan titánicas. Escalar el Everest, cruzar el océano en una balsa, leer el Ulises de Joyce en inglés y, por qué no, estudiar las normas impositivas que encuadran nuestra actividad. Adentrarse a las profundidades del anti-codex fiscal a mi se presenta tan apetitoso como ingerir un alfajor de maicena en el desierto, sin líquido alguno de apoyo, y librado a la suerte y destreza que tenga la lengua en su batalla por liberar el paladar. Dichosos los que lo logran y se posicionan en ese nicho de servicios. Probablemente hace ya una semana que están escribiendo los memos para alertar a los clientes, amigos y colegas, que la Corte Suprema en autos «Paracha Jorge contra DGI sobre recurso» no siguió el criterio propuesto por el AFIP-Gils Carbó-Highton y decretó que las ganancias que se obtengan por ser socios de estudios legales, contables o de otro tipo de profesión siguen siendo ganancias de la cuarta categoría (trabajo profesional) y no de la tercera categoría (actividades en empresas). –

La Corte y su tiempo

NOTA: Publicado el 10-X-14 en Otrosidigo, la columna deJuan Lahitou en Bastión Digital.

Kundera, en la insoportable levedad del ser, hace jugar a sus personajes principales con las casualidades. El interprete puede ver así, uniendo un sinnúmero de datos casuales, señales que lo empujan a tomar decisiones en temas donde la incertidumbre manda. Los lectores quinieleros, que juntan una fecha de cumpleaños con la terminación de una patente, con la cantidad de años, y con vaya a saber qué otra señal del destino, podrán entender el objetivo de este brevísimo comentario, que junta una ceremonia o fiesta de bienvenida y realización personal (sacar chapa de Codificador), con el sabor amargo de un revés judicial. 

Cargos Tarifarios: Pague y no opine

Publicado en Bastión Digital el Jueves 14/8/2014

Para los economistas, «racionalidad» implica la toma de decisiones «consistentes». Si elegí maximizar mi beneficio cuando decidí una cosa, sería entonces racional que mantuviera ese mismo criterio en el futuro. La teoría de las dos bibliotecas y las frases que exasperan a los ingenieros del tipo «…si bien es cierto no es menos cierto…», parecieran excluir a la consistencia de nuestro arte discursivo. Los fallos de nuestra Corte Suprema sobre la legalidad o ilegalidad de los cargos tarifarios impuestos para ampliar la capacidad de transporte de un gas cada vez más escaso nos da la oportunidad de poner a prueba este punto.

Larga vida al reclamo administrativo previo

Nuevo intervalo lúcido. Marcel Marceu ejemplificó en “Juventud, Madurez, Vejez y Muerte”, representación que dura un par de minutos, que la vida es un soplo. En “Biosystems” (11/2/2014) la Corte Suprema, con la delicadeza de un mimo, ha pretendido extender la vida de los reclamos contra el Estado sin decir una palabra que pueda contrariar a un legislador que peca de gatillo fácil contra los ciudadanos reclamantes.  En efecto, la Corte ha resuelto por unanimidad que el pronto despacho en un reclamo administrativo previo (art 31 LPA) no hace correr el plazo de caducidad del artículo 25 de la LPA. Todos los ministros remiten así al dictamen (22/11/12) de la prestigiosa administrativista Laura Monti, procuradora ante la Corte en temas de derecho público no penal. La importante definición no necesitó declarar la inconstitucionalidad del artículo 31 tal cual fuera reformado por la ley 25.344, sino que han apelado a una interpretación “conciliadora” de la letra del artículo 31 con el principio pro-actione. Se han ayudado además con el artículo 26 de la LPA que regula, en general, que ante el silencio las demandas pueden iniciarse en cualquier momento sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción.

Cargos Tarifarios: el fallo DeVido

No es una vuelta; se trata de un intervalo lúcido. Sorprendo incluso a mi co-equiper VTC. La razón es sencilla: tengo que relatar una jugada que ha pasado por debajo de los radares. Así como Ronaldinho, Bochini o Magic Johnson amagaban incluso mirando para el otro lado, la Corte también tiene esa virtud. ¿De que se trata la jugada? Pues la Corte avaló en junio de este año, sin destacarlo por ningún lado, ni por el CIJ, ni por los diarios, ni por ningún otro lugar, que el sistema de regulación de ampliaciones de capacidad de transporte de gas diseñado en el 2004/5 por el Ministerio de Planificación, y que tuvo ruidos importantes como el de Skanska, no son manifiestamente ilegítimos o arbitrarios, por lo cual «speaking words of wisdom…let it be». Al decretarle naturaleza tarifaría, la Corte le amargó la vida a quienes encararon las objeciones tan sólo como una cuestión de puro derecho, es decir, como si se tratase de un tributo sumamente delegativo y violatorio de los principios de legalidad tributaria en la línea de lo que surgía del fallo Rendering. 

Nos verán volver

Desde muy chico noté que tenemos una tendencia a repetirnos. Uno se sienta el primer día de clases en un banco, y salvo que al lado nos toque un plomo, al día siguiente volveremos por arte de magia al mismo lugar.  La mayoría hace lo mismo y todo mantiene cierto orden. Por suerte, de vez en cuando cambiamos la tranquila estabilidad en la que silenciosamente nos acomodamos y algo nuevo se genera. Hay un riesgo en cambiar, pero también hay un riesgo en mantenerse quieto y volverse aburrido. Yo tan sólo compré los primeros dos discos de Coldplay. De ACDC o Iron Maiden tan sólo alcanza con un grandes éxitos. Los Beatles, Pink-Floyd, Queen, Génesis, Pearl Jam, U2, REM, Faith No More, y muchas otras bandas han luchado con éxito contra las repeticiones. Tres años de seguimiento cortesano nos muestran que nuestro alto tribunal no es ajeno a la inclinación reiterativa. Las grandes novedades y creaciones jurídicas desde arriba se ven en cuenta gotas. A eso hay que añadir que su cintura política hace que muchas de las novedades que nos presenta sean más bien resoluciones de casos con algún interés mediático o institucional, que minan las creaciones pretorianas. Parece un razonamiento contra-intuitivo, pero es difícil que se haga jurisprudencia a través de casos muy relevantes o calientes. Esta dinámica nos convierte en un público mayormente interesado en el «sumario» o el «titular». Queremos conclusiones. Definiciones breves. Herramientas de trabajo. Nos conformamos con saber cuál es el derecho vigente, aceptando diariamente la tesis del realismo escandinavo o americano.

Todo Sobre la Corte tampoco es ajena a las repeticiones. Dotar de algún atractivo y agregado a cada post para que no se adivine lo que vamos a decir cada vez cuesta más. Si bien son diferentes, y tiene nuestra huella, muchos se terminan pareciendo. En consecuencia, hete aquí la novedad, hemos decidido que vamos a llamarnos a silencio durante un largo rato y aprovecharemos para transformar el contenido que ustedes y nosotros hemos dejado a largo de estos tres años para que pueda utilizarse como una ágil base de consulta sobre lo que ha hecho la Corte entre el 2010 y el 2013. He parafraseado a Soda Estéreo en el título y me parece que debo cerrarlo con el «…gracias totales…» de aquellos antológicos recitales de despedida. Gracias en serio a nuestros lectores silenciosos, a quienes se han animado a mandarnos alguna contribución, a quienes han seriamente enriquecido nuestros posts con sus sesudos comentarios,  a quienes nos han acompañado en alguna parte del viaje. Y a todos, muchas gracias por el humor y el respeto en el dialogo. Se han tocado temas urticantes y se ha debatido con altura. Ahora si, gracias totales.      

El Derecho al Olvido no está en su mejor momento

Todo Sobre la Corte agradece la gentil contribución del Dr. Martín Elizalde, editor del blog Law & Technology, quien nos introduce en la actualidad jurisprudencial de este derecho al que nuestra Corte Suprema se refirió en el año 2011.

El pasado 25 de Junio, el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE, Dr. Niilo Jääskinen se ha pronunciado sobre el alcance del derecho al olvido en Internet en un caso que enfrenta a España, y en concreto a la Agencia de Protección de Datos, con Google (re C-131/12, Google Spain, S.L., Google Inc., contra Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Según el dictamen, el buscador de Internet no tiene obligación de borrar contenido a petición de un usuario. Esta opinión no es vinculante para los jueces del Tribunal pero, sin embargo, sus recomendaciones son seguidas en la amplia mayoría de los casos y he allí su importancia.

Miserias Argentinas (La elección de Ana Maria y otros)

Jackson Pollock

La miseria, entendida en sus múltiples usos como desgracia, extrema pobreza, insignificancia y tacañería, es un estado del cual todos tratamos de huir. Muchos, entre los cuales me incluyo, generamos los peligrosos anticuerpos de la indiferencia. Situaciones inaceptables de pobreza extrema que nos interpelan en muchos de los espacios comunes que compartimos se vuelven invisibles por la cotidianeidad. Son terapéuticamente ignoradas, «normalizadas», socializadas como un problema de todos que no se pueden resolver de a uno. En algún punto, la miseria genera miseria con el triste agravante de que muchas de las circunstancias miserables que se responden con actos miserables no son voluntarias (v.gr. al tacaño o poco esforzado quizás le corresponda sufrir su propia medicina pero es injusto para quién sufre la lotería de nacer con menos posibilidades). No es que me levanté cruzado, sino que estas reflexiones me parecen que son una introducción necesaria para poder hablar y criticar decisiones «desde afuera» o mejor dicho «desde muy afuera». Busco construir algún grado de legitimación (auto-criticando mis propias faltas y desconocimiento) para poder comentarles cómo la Corte consideró arbitrario el fallo de Casación y del tribunal oral en lo criminal Nº 24 que negaron el beneficio de prisión domiciliaria a la Señora Ana Maria Fernandez, madre de un pequeño de un año con el cual comparte la brutalidad del encierro en la cárcel de Ezeiza. Las razones son varias y voy a tirarlas todas juntas, en un Action Painting a lo Jackson Pollock. Adelanto mi conclusión: el fallo de Corte es raquítico, quizás incómodo. Me parece que no quiere hablar del tema ni terminar con el problema definitivamente en esta instancia, ni sentar jurisprudencia. En algún punto quizás ha sido un fallo insuficiente, sobre una situación igual de miserable, que relata circunstancias miserables y que se presta para opiniones en diverso sentido.  

Fin de año para la Corte Suprema de EE.UU.

Mientras nuestra Corte Suprema asimila los efectos políticos de su sentencia en el caso Rizzo (aquí y aquí), con investigaciones AFIP y discusiones sobre su potestad presupuestaria incluidas, su role-model, la CS de EE.UU. cierra su año de trabajo 2012/2013. En este final generalmente se encuentran -y este año no ha sido la excepción- los casos más controvertidos, difíciles y, por ello, interesantes. Esto no es casual ni caprichoso, ya que el número de casos que la CS de EE.UU. va a resolver en ese período ya ha sido definido el año anterior, cuando el Tribunal otorgó writs of certiorari a un número limitado de controversias. En todas estas, a lo largo del año, las partes presentaron sus peticiones, se realizaron audiencias públicas y muchas organizaciones civiles participaron presentando amicus curiae. Con todo ese trabajo, es lógico que los casos difíciles se acumulen hacia el final porque necesitan mayores dosis de deliberación y argumentación, las cuales, sin embargo, no son obstáculo para el cumplimiento del objetivo institucional: dictar las sentencias fijadas inicialmente. Así, en estos últimos días, la Corte ha emitido una serie de sentencias sobre cuestiones tan relevantes como el patentamiento genético, la libertad de expresión ante la ayuda estatal, la acción afirmativa, los procedimientos de votación y el matrimonio entre personas del mismo sexo. A continuación, una breve introducción a estas cuestiones, en espera de un tratamiento más detallado en el futuro. 

Como te digo una cosa, te digo la otra

Una de las formas en las que la Corte Suprema tradicionalmente controla la actuación de los Consejos de la Magistratura y Jurys de Enjuiciamiento -nacionales y provinciales- es a través de la revisión de sus decisiones de remover jueces. A pesar que muchas Constituciones provinciales establecen que las decisiones son irrecurribles -la CN lo hace en el art. 115-, la Corte Suprema ha interpretado que conserva la jurisdicción para evaluar si se han cumplido las reglas del debido proceso (vid. aquí). Abrió así una puerta cuya amplitud está en principio indeterminada y que la Corte Suprema va manejando caso por caso, generando un standard jurídico tan confuso que nos lleva a plantearnos su misma existencia como tal. Intentaremos explicar estas cuestiones, reviendo la sentencia Catella, del 4 de junio del corriente, en la que la CS considera, en un ajustado 4 contra 3, que la destitución de la jueza del Tribunal Suprema de Misiones en el año 2006 no reúne las condiciones para ser revocada por el Alto Tribunal.

Navegante Solitario

En su etnografía de la Corte Suprema, Leticia Barrera nos comenta una anécdota en la cual un juez de esta Corte se quejaba porque le editaban sus votos, cambiándole la manera de escribir. El buscaba un estilo más llano y sencillo en su prosa, y la oficina de copias trataba de encuadrarlo al estilo de escritura de la Corte. La anécdota la cuenta sin dar nombres. La curiosidad anida en estos rincones y a veces hace que un fallo trascendental como el que declara inconstitucional a la ley que reformó el Consejo de la Magistratura me seduzca por razones que están en los márgenes. Por lo demás, el temprano y agudo análisis que hizo Valentín («Con toda la artillería») me da la libertad de pasear libremente por el fallo. ¿Acaso no hay talento en esta manera de parafrasear a Gustav Radbruch? “…las leyes son como un navío que el legislador despide desde el muelle y al que ya no puede controlar, navega solo, con las virtudes y defectos del texto….”. ¿Será un pito catalán para los legisladores que votaron la ley que acaba de sucumbir en la aguas del Palacio?

Con toda la artillería

Si me hubiera puesto el traje de pronosticador -por suerte no lo hice- habría predicho una sentencia matizada . Lo primero que habría pensado era que la Corte iba a manejar los tiempos, tal como lo ha hecho en todas las causas espinosas -con la Ley de Medios como buque insignia-. Pero no pudo. Desechada esa posibilidad, habría intuido que iba a salir del brete por la puerta del medio, suspendiendo la elección pero dejando viva algo de la sustancia de la ley 26855, que modifica el Consejo de la Magistratura (algo del tipo de lo expresado aquí por Arballo, recogido por Pagni). Esos pensamientos -que, por supuesto, no tuve- no hubieran sido fruto de mis deseos profundos sino una conclusión más o menos razonable del habitual modus operandi de la actual Corte Suprema. Pero si hay una novedad en el caso Rizzo es que el Tribunal salió a por todas. Pasó de la pasiva foto de Lorenzetti junto a la Presidenta durante el anuncio del envío de los proyectos legislativos a la defensa del manejo del Presupuesto Judicial y de allí, sin escalas, a dejar sin efecto la reforma al Consejo de la Magistratura. Un cambio profundo se ha producido y creemos que ello obedece a que la Corte se ha visto acorralada y puesta a jugar un juego que no estaba acostumbrada. Habituada a liderar un Poder Judicial se ha visto llevada en andas por él y ha cantado un falta envido.

Discursos por allá, fallos por acá

La atención y la agenda sigue en otro lado. Gente grande e importante no  sólo cruza discursos sino tweets. El conflicto sobre la ley de medios – capítulo reforma judicial – no impone barreras tecnológicas ni siquiera a quienes estaban más cerca de las palomas mensajeras que de los virtuales pajaritos azules. La atención gira en torno del fallo de Servini (Rizzo o Traboulsi) y el próximo per-saltum que interpondría el Ejecutivo para que la Corte produzca un fallo oportuno en lo que respecta a la elección de los Consejeros (ver aquí nota de Irina Hauser o esta otra de Mario Wainfeld, o ésta de Adrián Ventura). Antes que pasen al olvido, recolecto las sentencias que la Corte destacó de sus últimos acuerdos. Seguramente alguna será tratada en extenso en el curso de la semana. Aquí va el clásico repórter.

Nuevas tecnologías y garantías penales en la CS de EE.UU.

En 1991, Rodney King fue tristemente célebre por haber sido apaleado por la polícía de Los Angeles, dando lugar a una serie de motines populares y grandes cuestionamientos respecto de esa fuerza. La semana pasada, otro King, Alonzo, fue protagonista de una confrontación, mucho más sutil, con la policía de Maryland. No se trató esta vez de palos y patadas, filmados subrepticiamente desde un balcón, sino de un inocente hisopo en la boca para tomar una muestra de ADN del interior de su mejilla. En aquel momento, la tecnología sirvió para controlar a las fuerzas del orden. Hoy, cumple la función de controlar a la población, ya que esa extracción permitió que King, detenido esta vez por asalto a mano armada, fuera encontrado culpable de una violación ocurrida en 2004. Ergo, a Alonzo se lo detuvo en el 2009 por una causa, se le extrajo el ADN, se lo compulsó con la base de datos y al cabo de un tiempo, se le atribuyó un crimen cometido varios años antes. ¿Exito de la lucha contra el crimen o afrenta a la privacidad y las garantías penales? Acerca de eso discutió, acaloradamente, la Corte Suprema de los EE.UU. en Maryland vs King (3/06/13).

Vaca Muerta, Levántate y Anda

Desarrollo y contaminación. Ying-yang. Ni la preocupación por cuidar el impacto ambiental tenía el rigor actual, ni todos los países cuidan y exigen que la huella ecológica sea pequeña. Entre 1964 y 1990, en la petrolera región de Oriente, plena Amazonia Ecuatoriana, Texaco (desprendimiento tejano de la standard oil de Rockefeller) ponía a Ecuador en el mapa petrolero con un yacimiento conocido como Lago Agrio. Lo operaba ella, pero los derechos sobre el área los compartía con otros dos socios: Gulf (que tenía el 33%) y el propio gobierno ecuatoriano a través de CEPE – hoy Petroecuador – que para el ’74 tenía un 25% y para el ’76 sumó el 33% de Gulf quedándose con el 58%. Texaco lo operó desde el 64 al 90, cuando le pasó la manija a Petroecuador. Para el 93 Texaco había transferido sus derechos en el área, dejándolo todo en manos de la empresa gubernamental. La salida del 93 fue inmediatamente acompañada por una acción de clase entablada en los EEUU a fin de que Texaco reparase los daños a una comunidad aborigen derivados del impacto ambiental de su actividad. Los estrategas de la demanda tenían resquemores para intentar en Ecuador la acción a favor de una débil comunidad indígena. Veían que el sistema judicial era corrompible y que había un influyente sector petrolero, por lo cual preferían debatir en cortes estadounidenses. La acción de clase en Estados Unidos terminó mal en 2001, rechazándosela por falta de jurisdicción. La acción se mudó entonces a Ecuador. Por entonces, en ese mismo año 2001, Texaco se fusionaba con Chevron, que la absorbería. En el 2011 el costoso litigio tuvo un final (?) negro para Chevron: un juez federal de Oriente fallaría en contra de la empresa petrolera condenándola a pagar indemnizaciones de 19 mil millones de dólares. Si bien existe un documental (Crude) y el New Yorker nos ofrece una amable lectura del caso, no hay dudas que la contienda esta plagada de suficientes incidencias como para ocupar su lugar en Hollywood. La pregunta es si habrá lugar para un capítulo argentino. Por las dudas, Gils Carbó ya presentó un guión en donde se ve una pobre vaca que pulula por los pasillos de las veterinarias buscando una transfusión que le permita explotar con vigor su potencial.   

Aprovechar la oportunidad

Las medidas legislativas de «democratización judicial» han puesto el foco en los amparos judiciales respecto al asunto más acuciante, el de los cambios en la composición y modos de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura. Mientras muchos se devanan los sesos pronosticando si la Corte se va a pronunciar a favor o en contra de esas reformas y, sobre todo, cuándo lo va hacer, a nosotros se nos ha dado meditar acerca del art. 4 de la Ley 26856. Esta norma dispone dentro de la ley de publicidad de las sentencias oficiales (vid. post aquí), que la Corte Suprema debe publicar con una anticipación mínima de 5 días las cuestiones que vaya a tratar en sus acuerdos. ¿Infringe esta disposición el art. 113 CN que le da a la CS la atribución de dictar su reglamento interior? Esta pregunta, que vamos a intentar contestar en seguida, en realidad oscurece la oportunidad que ofrece: discutir la transparencia del accionar judicial.

¿Escuchar al menor o sólo oirlo?

Hace ya un tiempo, mientras vivía en España, vi una publicidad televisiva oficial de una campaña de lucha contra la drogadicción, que me dejó pensando. La primera imagen revelaba a un padre -supongo que primerizo- ensimismado con su hijo recién nacido a quien le hacía todas las gracias posibles, le festejaba con entusiasmo sus «ajós» y le retrucaba en su mismo lenguaje. La toma se cortaba abruptamente y pasaba a mostrarnos un adolescente desaliñado, con cara de pocos amigos, que se refugiaba en su cuarto y cerraba tras de sí la puerta. La leyenda final decía: «¿cuánto tiempo hace que no hablas con tu hijo?». En ese momento, quizás, el aviso me impactó porque no tenía todavía hijos adolescentes. Ahora, la dificultad de dialogar con ellos y, sobre todo, de hacer el esfuerzo para verdaderamente escucharlos en sus preocupaciones e intereses, es cosa de todos los días. Esta diferencia entre la sumisión absoluta, que nos maravilla y empodera al mismo tiempo, y la repentina sensación de que parte del poder que tenemos (¿teníamos?) sobre ellos debe ser dejado de lado en aras de un nuevo sujeto moral que despunta, es sumamente conflictiva. Algo semejante le pasa a los jueces cuando deben cumplir con el art. 12 de la Convención de los Derechos del Niño que consagra su derecho a ser escuchados en todo procedimiento que afecte sus derechos. Veamos, por ejemplo, este caso de restitución internacional de una menor a Mexico que la Corte resolvió el pasado 21 de mayo.

7 de Mayo

Un 7 de mayo de 1824,  «…en el Teatro de la Corte Imperial de Viena (Austria), abarrotado de un público selecto, tiene lugar el estreno de la Novena Sinfonía en re menor, de Ludwig van Beethoven, completamente sordo e impedido de oír nada de lo que su genio es capaz de crear. A partir del segundo movimiento, un público asombrado y embelesado por la riqueza y amplitud de lo que escucha, estalla en aplausos. Al final del concierto, un Beethoven emocionado verá entre lágrimas a todos los asistentes puestos de pie que no pararán de ovacionarle.» (www.hechoshistoricos.es). El 7 de mayo que puse como título no alude a una fecha, sino a 7 fallos dictados por nuestra Corte en mayo que pasaré brevemente a comentarles:

La lucha por la información

Una  simple mirada a la sección «Novedades» de la página de la Corte Suprema da cuenta de las preocupaciones que la embargan. Pocas sentencias (¡muy pocas!), tal como parece prescribir el recetario de un año electoral. Varias acordadas, en cambio, que parecen querer amortiguar el impacto de las medidas que el Gobierno está tomando en pos de la «democratización judicial». Entre ellas, destaca la Acordada 15/2013 por la cual la Corte ordena a las Cámaras Federales y a los tribunales orales que publiquen sus decisiones a través del Centro de Información Judicial. Esta norma judicial debe leerse como una maniobra preventiva respecto de la Ley 26856, publicada ayer en el Boletín Oficial (un par de días después de la Acordada), para que no se les ocurra a los tribunales cumplir con las obligaciones legales por otro conducto que no sea el que ella misma creó. Lo notable del caso es que el artículo 3 de la Ley, mutatis mutandi, establecía lo mismo que la Corte Suprema se apresuró a «acordar». ¿Alguna explicación?

Obras sociales: ¿quién va a pagar el aumento del gasto en salud?

Nuevamente, Todo Sobre la Corte agradece la contribución del Dr. Gabriel Mihura Estrada.

El aumento del peso sobre el salario de los trabajadores de los gastos de salud es una preocupación creciente en nuestros días. La detección cada vez más temprana de las enfermedades, así la existencia de pluralidad de tratamientos y medicamentos para su atención, son una conquista de la modernidad, pero han disparado los costos de la medicina a niveles cada vez más altos y renovado la dilución sobre el modo de afrontar los mayores gastos. Para ello basta recordar el enorme debate que provocó en Estados Unidos la ley de reforma del sistema de salud, presentada por el Presidente Obama.Entre las sentencias del pasado mes de abril la Corte resolvió un caso sobre financiación de las obras sociales, que presenta algunos puntos interesantes para repasar (“Brondino, Juan E. y otros c/ Estado Nacional s/ ordinario”), repitiendo lo que ya un año antes había dicho en el caso “Molina, Horacio y otros c/ Policía Federal Argentina”. Tanto en el precedente como en esta nueva sentencia, se verifica un contrapunto interesante entre la Procuración General y la Corte, en relación a la naturaleza de los aportes y contribuciones a las obras sociales (si son de naturaleza tributaria o no), y el límite a la delegación de facultades por parte del Congreso que derivaría de la posición que se adopte al respecto. Pero vamos al caso. 

Cuestión de Competencia: De tin marí de do pingué

La Procuración General dictaminó el 27 de diciembre de 2011, hace casi dos años, cómo debía resolverse – a su criterio – un conflicto negativo de competencia entre el fuero penal económico y el fuero civil y comercial federal. La decisión de la Corte se añejó en cajones de roble y se resolvió recién esta semana. El caso se enmarca en la defensa de la competencia, los derechos del consumidor y la operación de vinculación que en el exterior celebraron Telecom y Telefónica.  Y, como ha quedado en evidencia bajo el post Telecom: smooth operator (de mayo de 2010), los conflictos de competencia en esta materia no son meros conflictos de competencia. Aquí se entrecruzan inconstitucionalidades (legislación ejecutiva por medio de un veto parcial y un exceso reglamentario), cuestiones políticas, larguísimas omisiones reglamentarias (constituir el Tribunal de Defensa de la Competencia) y una Corte indecisa. ¿Su guarda en barricas lo habrá hecho más rico? ¿Habrá valido la pena la espera? No. Intentaré explicar por qué.

Los fallos de abril

Los primeros vientos del año movieron el árbol cortesano con furia. Se han volado hojas.  Se ven los troncos. El esplendor de los colores otoñales, por ahora, quedó para otro año. Los fallos destacados de abril han sido sólo 5: Honorarios en IBM contra Estado Nacional; imposibilidad de probation en tema de violencia de género en  «Góngora»; revisión de las competencias del Poder Ejecutivo para financiar al IOSE (obra social del Ejército) en «Brondino»; un 280 en Brusa (lesa humanidad) y, finalmente, la discusión del principio non bis in idem en los procesos contra el suspendido magistrado Hooft. Pretendo hacer aquí un mínimo repaso. 

El poder de la palabra

El reposo dominical y los diarios voluminosos fueron la ocasión ideal para revisar los avatares de la democratización judicial. Un lugar especial tuvo, en esos análisis, la carta que la Corte Suprema le envió a Diputados y por la que el manejo del Presupuesto Judicial, finalmente, quedó en sus manos. Nelson Castro, en el diario Perfil, ofreció la versión «interna» de la CS, en la que las maniobras epistolares asumen una alta función institucional. Mario Wainfeld, en Página 12, no se queda en el Palacio de Tribunales sino que reconstruye las versiones de los Camaristas firmantes de la primera misiva para descubrir que el que escribió esa misiva fue el mismo Lorenzetti, quien luego la hizo circular para que  ellos la asumieran como propia y el la «transmitiera» como el sentir del «entero» Poder Judicial. Muchas versiones palaciegas, que darían lugar a reflexiones sobre el modo correcto de instrumentar una «política judicial». Dejamos eso para los comentarios, pero nos gustaría antes concentrarnos en el sentido común que subyace en ambas notas: la necesidad de la «bolsa» para que la CS desempeñe su función.

Pase amigo, lo escucho

Por qué hacemos lo que hacemos es un arte todavía indescifrable. A medio camino realizamos asunciones racionales. La economía hace muchas para explicar o predecir comportamientos. La ciencia política también. Nadie desconoce que hay gente que va diametralmente en contra de lo que racionalmente presuponemos como normal, pero no por ello cesamos en el afán de predecir como actuarán ante determinadas situaciones. Parece razonable asumir entonces que no se participa (trabaja y ofrece el fruto de su trabajo) sin un interés concreto: sea éste pecuniario o para contribuir al desarrollo social, sectorial o de la ciencia jurídica; sea que con él se quiera trascender y mostrarse o tan sólo se pretenda dotar a un trabajo previo, de una externalidad positiva. Muchos de estos móviles, que ni por asomo son todos, pueden mezclarse y darse simultáneamente. El tratamiento que la Corte le ha dado en el pasado al instituto del amigo del tribunal ha estado imbuido de todas estas presunciones y teñido de desconfianza sobre el verdadero móvil que hace que el amigo ofrezca su consejo. Lo debatimos acá en «Amigos son los Amigos» y acá, en «Amicus: crónica de un consejo anunciado». Hoy nos preguntamos si habrá cambiado su punto de partida con el nuevo y flamante reglamento que la Corte dictó esta semana. Corro el telón del tercer acto.

En defensa de la inconstitucionalidad

El tándem Lorenzetti-Highton ha logrado, a través de una carta a la Cámara de Diputados (que contiene esta otra nota de la Junta de Presidentes de Cámara) que el oficialismo modifique los proyectos de democratización del Poder Judicial, en lo que hace a las facultades de administración presupuestaria y de personal (vid. post aquí). De todos los elementos inconstitucionales que los proyectos contienen (por ej., aquí respecto a las medidas cautelares) la Corte, ¡oh coincidencia!, ha abogado para que se revierta el que cumple con el mandato constitucional respecto al Gobierno del Poder Judicial -implementando los cambios legales necesarios para darle al Consejo de la Magistratura lo que el art. 114 le transfería desde 1994 y que la misma CS venía impidiendo desde esa fecha-. Y de todos los reclamos generales sobre la independencia judicial, ha elegido representar el que toca el verdadero núcleo de su poder corporativo. Toda una definición de lo que está en juego en esta reforma y de cómo la misma se termina separando de las preocupaciones de la gente que se congregó el 18 de abril. Por supuesto que hay explicaciones para este movimiento cortesano, pero la realidad habla más fuerte. La Corte defiende sus propios intereses, lo hace infringiendo la norma constitucional y, para lograr su cometido, condiciona su intervención futura para evaluar la legitimidad del resto de esta reforma y de asuntos tan relevantes e inminentes como la Ley de Medios. O sea, una verdadera definición de qué es y por donde pasa la independencia judicial para la Corte Suprema.